Programa de gobierno3. Una nueva red de protección social: más transferencias directas y garantías

Construir un país en que todos tengamos la oportunidad de prosperar y que todos tengamos la garantía de una vida digna requiere una red de protección social potente. Este es un elemento central del nuevo pacto social que debe emerger tras la crisis de 2019 y la pandemia; nuestra convicción es que Chile puede y debe hacer más para reducir la alta inequidad. Para que logremos un país más libre y más justo, debemos hacer mucho más para proteger a la clase media y apoyar a los sectores vulnerables.

Nuestra propuesta es construir una nueva red de protección social. Esta incluye dos grandes brazos para afirmarnos en el caso de que necesitemos apoyo del Estado: uno, transferencias directas de recursos que garanticen a las familias ciertos ingreso de manera permanente y automática y dos, una malla de protección para enfrentar las contingencias adversas o necesidades mayores durante la vida.

Se trata de una red de protección social “4+4”, que incluye 8 ayudas para la clase media y familias vulnerables. Está compuesta por cuatro transferencias directas: devolución de IVA de alimentos y medicamentos, aporte salarial permanente, pensión básica universal y mejora de los subsidios familiares; y cuatro garantías: pensión de alimentos garantizada, plan universal de Salud, vivienda segura y acceso a crédito universal de educación superior.

PROPUESTAS

3.1 Devolución de IVA a clase media y familias vulnerables

La medida busca devolver el IVA que se gasta en medicamentos y alimentos. Su cálculo se realiza sobre la base de los gastos en los productos de la canasta básica de alimentos y el promedio de gastos de medicamentos de usuarios de Fonasa.

Esto permitiría llegar a más de la mitad de los hogares de Chile y dado que la devolución será calculada en base a los integrantes de cada hogar, una familia de 4 personas recibiría $133.000 cada 3 meses del año: marzo, junio, septiembre y diciembre.

Este programa podrá incentivar también el uso de la boleta electrónica, permitiendo una mayor formalización y recaudación. Esto ya que supone avanzar gradualmente hacia un sistema basado en la trazabilidad del gasto (contar con información en línea del gasto por RUT).

3.2 Aporte Salarial Permanente para mejorar ingresos y crear empleos dignos

El aporte salarial permanente es un subsidio que busca mejorar los ingresos y apoyar la generación de empleos dignos. Apoyará a las personas que se esfuerzan trabajando, pero tienen menores ingresos con una inyección de recursos directa al bolsillo. Junto con ello, apoyará la creación de empleos formales y la actividad productiva, especialmente de las pymes.

Este aporte duplicará el beneficio para el ingreso mínimo garantizado, extenderá el monto del subsidio a más trabajadores y lo retirará de manera más gradual cuando aumenta la remuneración que paga la empresa. Está pensado para llegar 100% directo al bolsillo de las personas y de esta manera mejorar sus ingresos. El acceso al subsidio y su pago serán automáticos, utilizando los registros, mecanismos y facultades de que dispone el Estado

Se aplicará a los trabajadores dependientes con jornada ordinaria (es decir mayor a 30 horas) de tal forma que quienes perciben el ingreso mínimo mil recibirán un aporte de $96 mil, que irá íntegramente al bolsillo, y que quienes perciben una remuneración superior al mínimo recibirán un aporte gradualmente decreciente a partir de ese mismo monto.  Este aporte para los trabajadores que ganan más que el mínimo, en vez de extinguirse cuando la remuneración bruta alcanza a $394 mil como lo hace actualmente, lo hará cuando llega a $518 mil.

Algunos ejemplos:

Trabajador con ingreso mínimo ($327 mil): subsidio de $96 mil e ingreso líquido de $357 mil.

Trabajador con remuneración bruta imponible de $400 mil, que actualmente no recibe ningún aporte del Estado, recibirá un subsidio directo al bolsillo de $59 mil

Trabajador con remuneración bruta imponible de $450 mil, que actualmente no recibe ningún aporte del Estado, recibirá un subsidio directo al bolsillo de $34 mil

3.3 Por una Pensión Básica Universal y un Ahorro Individual Fortalecido

Diagnóstico

No podemos seguir postergando la reforma de pensiones. Nuestros adultos mayores, especialmente de clase media y sectores vulnerables, necesitan mejorar sus jubilaciones ahora. Asimismo, los adultos y jóvenes requieren de un marco de seguridad y predictibilidad para poder planificar su vida y prepararse adecuadamente para la vejez.

Las propuestas que se han puesto sobre la mesa se han vuelto cada vez más complicadas y problemáticas: pretenden aumentar las pensiones actuales a costa de los ahorros de los trabajadores; proponen crear un nuevo monopolio estatal; no consideran el impacto adverso de los retiros en las futuras pensiones; y son inciertas respecto a su sostenibilidad fiscal. Necesitamos un sistema más simple, que las personas comprendan, y que al mismo tiempo sea más justo, eficiente y sostenible.

Propuesta

Proponemos mejorar las pensiones actuales y futuras a través de avanzar hacia una pensión básica universal (PBU) y a través de fortalecer el sistema de ahorro previsional individual.

3.3.1 Avanzar hacia una Pensión Básica Universal

Para mejorar las pensiones actuales, proponemos avanzar hacia una PBU mejorando la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado del siguiente modo:

  • Aumentar la pensión mínima que otorga el Estado (PBS) para quienes nunca ahorraron en el sistema previsional al nivel de la línea de pobreza ($177 mil).
  • Todos quienes hayan ahorrado previsionalmente obtendrán un APS de $177 mil sin descuento alguno si su pensión no alcanza al ingreso mínimo líquido ($270 mil).
  • Una vez alcanzado el ingreso mínimo líquido, el aporte del Estado (APS) corresponderá a un monto gradualmente decreciente (desde $177 mil), utilizando la tasa de descuento actual.
  • Esta propuesta implicará aumentos adicionales en las pensiones de $50 mil para cerca del 95% de los pensionados actuales.
  • Ampliar la cobertura de la pensión mínima (PBS) a todo chileno o residente extranjero permanente que cumpla la edad de jubilación y un determinado número de años en el país, excepto quienes tienen altos ingresos o patrimonios según la información recolectada por el Servicio de Impuestos Internos.

3.3.2. Fortalecimiento del sistema de ahorro previsional contributivo

Para mejorar las pensiones futuras, proponemos fortalecer el sistema de ahorro previsional individual con las siguientes medidas:

  • Destinar el aumento de la cotización propuesto de 6% de cargo del empleador a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores.
  • Permitir que cada cotizante pueda elegir si su plan de ahorro para la vejez lo administra una institución del Estado, una institución privada con fines de lucro, o una institución privada sin fines de lucro, de entre una lista de instituciones debidamente calificadas para ello.
  • Crear una administradora estatal que compita en igualdad de condiciones para ofrecer el servicio de gestión de cuentas, de inversiones o ambos simultáneamente.
  • Flexibilizar la regulación para facilitar la entrada de nuevos proveedores de servicios de ahorros para la vejez, ya sea de manera integrada u ofreciendo por separado las funciones de gestión de las cuentas y de gestión de las inversiones asociadas.
  • Flexibilizar la estructura de comisiones, de modo de permitir comisiones rebajadas asociadas a la permanencia, lo que evita la competencia de vendedores mes a mes y permite ofrecer servicios y productos de ahorro para la vejez de mayor valor agregado.
  • Incorporar en la gobernanza de los proveedores privados de administración de ahorro para la vejez la participación de afiliados, tanto en el caso del administrador públicos como de los administradores privados, con o sin fines de lucro.
  • Permitir disponer de cierto monto de ahorro previsional para completar el pie necesario para adquirir una primera vivienda, con devolución posterior de fondos.
  • Permitir utilizar los fondos para gastos de salud catastróficos.
  • Desarrollar un sistema de ajuste gradual de parámetros de retiro para que la edad de jubilación se adapte a los avances en salud y las expectativas de vida
  • Crear un seguro colectivo que permita diversificar riesgos, como por ejemplo de longevidad, intrageneracional y de género, en base a una cotización adicional, el cual podrá ser administrado por un Fondo Colectivo Solidario, utilizando cuentas nocionales individuales e íntegramente respaldado en instrumentos en el mercado de capitales.

3.3.3. Asegurar la sostenibilidad de los aportes del Estado

Crear un Fondo Solidario de Pensiones desde el cual se pagarán las PBS y los APS y que deberá recibir aportes anualmente, con cargo a los ingresos provenientes del Presupuesto de la Nación, para asegurar el balance actuarial de los beneficios del sistema con los recursos actuales e ingresos futuros comprometidos para ese propósito.

3.4 Mejorar los subsidios familiares

Propuestas

3.4.1 Revisión integral de los instrumentos destinados a apoyar a las familias de menores recursos, con foco en reemplazar los programas ineficaces y mejorar las transferencias monetarias como el subsidio único familiar, la asignación familiar y el ingreso ético familiar.

3.4.2 Subsidiar un permiso postnatal paternal de 30 días corridos para fomentar la corresponsabilidad de los padres en la crianza, con lo que ganamos todos las familias, la sociedad y el desarrollo del país.

3.5 Ningún niño se quedará sin pensión de alimentos

Diagnóstico

El 80% de los demandados en causas de alimentos no paga la pensión fijada por el Tribunal, lo que representa –según datos del Poder Judicial– una deuda de $180.000 millones, y significa que setenta mil alimentarios, principalmente niños, niñas y adolescentes, no reciben lo que por ley les corresponde.

La Ley N°14.908 que aborda el pago de pensiones alimenticias establece sanciones para quienes no cumplan con ese dinero para sus hijos e hijas, que van desde la orden de arraigo, el arresto nocturno, la retención de impuestos desde la Tesorería General de la República y la suspensión de la licencia de conducir hasta por seis meses. Ante la alta cifra de deudores, es evidente que ninguna de esas medidas resulta efectiva.

Hasta ahora la responsabilidad de asegurar los sustentos mínimos que en derecho corresponden a los hijos e hijas a través de una pensión de alimentos, se ha abordado con un enfoque restringido que enfatiza la responsabilidad parental y que no interpela al Estado en el cumplimiento de este derecho. Las deudas por concepto alimentos, han sido tratadas fundamentalmente como un asunto privado y, el rol del Estado, se ha centrado más bien en endurecer las medidas coactivas para los deudores.

La recaudación de las pensiones de alimentos ha sido reconocida en países desarrollados, ya no como una cuestión exclusiva de las familias, sino como un asunto legal, social y político, un problema social, que requiere de la participación del Estado. No es posible seguir considerando el pago de las pensiones de alimentos como un asunto privado, cuya responsabilidad recae exclusivamente en las mujeres que cuidan hijos e hijas.

Propuesta

El pago de pensión de alimentos debe dejar de ser un asunto privado, cuya responsabilidad recae solamente en la persona que cuida hijos e hijas, por esta razón podemos:

  1. Incorporar a los deudores de alimentos al boletín de informaciones comerciales.
  2. Crear el “fondo de pago de alimentos”: un fondo estatal que garantiza el pago de alimentos reconocidos por sentencia judicial o convenio judicial e impagos. El Estado asume la recuperación de estos fondos subrogando los derechos del tutor para perseguir el cobro.
  3. El pago en la fecha y forma una vez consignado el retardo corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la persecución del pago lo hará el Estado subrogando las acciones como acreedor del deudor.
3.6 Plan universal de salud

Propuesta

Crear un Plan Universal de Salud, en que toda la población accederá a un mismo plan y que cubrirá las necesidades esenciales acordadas por la sociedad, sin importar sus ingresos ni condiciones de salud. La prima del seguro no discriminará a personas según su riesgo, por lo que será un precio fijo para todos los beneficiarios de una misma aseguradora.

3.7 Vivienda segura

Propuestas

3.7.1 Subir el beneficio del seguro de cesantía en 25% de la remuneración. Este es un beneficio opcional del seguro, que se financiará con 1% del salario.

3.7.2 Incorporar en contratos de los créditos hipotecarios la posibilidad de posponer dividendos por cesantía o ante una caída significativa de ingresos, siendo condición residir en la vivienda.

3.8 Crédito universal de educación superior

Diagnóstico

Creemos que estudiar debe ser un pilar esencial para el desarrollo y la prosperidad personal, familiar y en consecuencia social, por lo anterior, es que la educación no solo la entendemos como un derecho más que el Estado debe garantizar, sino que como aquel componente estructural que bien desarrollado hace la diferencia entre los países desarrollados y aquellos que aspiran serlo, por lo que cuando pensamos en el Chile de los próximos treinta años, creemos que, si bien la prioridad es la educación temprana y escolar, es imposible hacerlo sin poner en el centro a la educación en todos sus diferentes niveles.

El crédito con aval del Estado (CAE) creado el año 2005 significó un antes y un después en términos de entregar acceso a la educación superior, hoy gracias al CAE, más de un millón de personas que antes no tenían acceso han accedido a educación. El CAE 1.0 fue concebido bajo un contexto país en el cual el estado no tenía las herramientas como para poder financiarse y las tasas mundiales se encontraba muy por sobre a lo que están hoy en día.

Con el pasar de los años, el contexto país cambió y junto con darnos cuenta de algunos efectos indeseados en esta primera versión CAE es que en el gobierno de turno, durante el año 2012, se realizaron mejoras significativas, a punta de gasto fiscal, logrando bajar la tasa que pagaban los estudiantes desde casi el 6,0% al 2,0%, junto con poner como límite de la cuota el 10% de los ingresos percibidos como máximo a pagar.

Actualmente urge crear un nuevo sistema de financiamiento, que sea de carácter universal, que no discrimine, que fomente la continuidad de los estudios superiores, que sea justo, solidario y responsable con el presupuesto fiscal.

Propuesta

3.8.1. Acceso garantizado a Crédito de Educación Superior

Este estará disponible tanto para carreras de pregrado como de postgrado, sin restricción ni discriminación por origen socioeconómico y siendo el único requisito el ser chileno o residente en Chile y la acreditación del centro de estudios. Lo anterior, permitirá que ningún ciudadano que tenga los méritos quede ajeno al acceso a los estudios de calidad tanto a nivel de pregrado como de postgrados a la par que generamos justicia financiera para los distintos centros de educación.

Este nuevo crédito incluirá la posibilidad de solicitar una manutención de hasta un sueldo mínimo para los estudiantes que lo requieran, lo que nos permitirá disminuir la deserción para aquellos que por necesidad económica deben renunciar a sus estudios para apoyar económicamente a sus familias, lo que a la fecha representa más del 20% del total de deudores CAE.

Este crédito será a un máximo de veinte años a tasa real equivalente al costo de financiamiento del Estado, con tope de 2%, y donde la cuota no superará el 10% de los ingresos disponibles de la persona. Para el caso de aquellos estudiantes que hayan egresado o desertado y tengan muy bajas rentas, crearemos un mecanismo de exención de pagos y/o condonación de deuda que sea socialmente justo y responsable. Extenderemos este mecanismo a los actuales deudores del actual Crédito con Aval del Estado (CAE) que estén en similares condiciones.

3.8.2. Acortar la duración de las carreras

Adicionalmente y dado que la duración efectivas de las carreras en Chile es 18 meses más larga que por ejemplo el promedio OCDE o incluso con países con una calidad de educación secundaria similar a la de Chile, esta mayor duración es el principal factor en el tamaño de la deuda que deben enfrentar los jóvenes, por lo anterior, alinearemos los incentivos de la gratuidad, de la acreditación y del financiamiento del nuevo crédito a la duración estándar internacional de las carreras, ya que no creemos que sea justo ni responsable mantener estudiantes por nueve años para carreras que internacionalmente duran menos de cinco, por lo que el exceso de duración será de cargo exclusivo de los centros de estudio.

Con todo, nos enfocaremos en mejorar la calidad de la educación, de acortar la duración real de las carreras, hacerla accesible a todos y todas, junto con democratizar el acceso a la educación de posgrado, tan necesaria para mejorar los niveles de investigación y desarrollo, gracias a la manutención disminuiremos la deserción y entregaremos una nueva herramienta que sea una verdadera bandera de oportunidades no solo para los jóvenes, sino que para sus familias y con ello para todo el país.

3.9 Una propuesta tributaria para nivelar la cancha hacia arriba

Diagnóstico

Para construir un Chile unido por un proyecto común, de libertad y justicia, en el futuro la recaudación tributaria deberá aumentar. Es el esfuerzo que necesitaremos hacer para lograr que todos en Chile tengan la oportunidad de prosperar y la garantía de una vida digna. Ello requiere más recursos.

Nuestra propuesta en materia de impuestos busca nivelar hacia arriba. La motivación básica es aunar recursos para poder fortalecer la política social y redistribuir más los ingresos, pero no se agota ahí. Creemos fundamental que el mayor esfuerzo tributario no impida sino contribuya a que las familias puedan surgir por su propia cuenta. No hay apoyo estatal que pueda reemplazar el beneficio de poder acceder a un empleo de calidad o a desarrollar un emprendimiento ganador.

Propuesta

3.9.1 Más recaudación solo a cambio de compromiso de gasto eficiente

Nuestro compromiso es acompañar cualquier aumento en la carga tributaria con un esfuerzo profundo para mejorar la eficiencia del Estado. Los recursos adicionales no podrán ser destinados a aumentar la burocracia sino a mejorar las transferencias monetarias a las personas. Asimismo, se deberá reasignar el gasto público excesivo en programas mal evaluados o de baja productividad.

3.9.2 Creemos en una propuesta con metas graduales y de mediano plazo   

Debemos hacer un plan tributario de mediano plazo y no una seguidilla de reformas continuas. Fijar como meta el aumentar la carga tributaria de manera gradual a la mediana equivalente de los países de la OCDE cuando tenían ingresos similares a los nuestros. Considerando las diferencias actuales, implica un esfuerzo total adicional en torno al 3% del PIB hacia fines de la década. Proceder de manera paulatina se funda en la necesidad de no ahogar la economía en su proceso de recuperación y en que, si el país logra dar señales de seguir políticas económicas responsables, mantendremos todavía cierto espacio para financiar el período de transición.

Aprobar un plan tributario para ese propósito en los dos primeros años del próximo período de gobierno. Este fijará un calendario de modificaciones graduales al sistema impositivo, mirándolo en su conjunto, adoptando una visión de largo plazo, tomando en cuenta el marco definido por la nueva Constitución y considerando la debida participación técnica y ciudadana. Contemplará también los lineamientos que presentamos a continuación.

3.9.3 Mayor recaudación en base a cuatro premisas

  1. Eliminar las exenciones impositivas que no se justifican: Estas reducen la recaudación y, en general, son menos eficientes y transparentes que otras políticas públicas. Por ello, deben ser revisadas para eliminarlas, limitarlas y/o reemplazarlas por otras medidas, salvo excepciones debidamente justificadas. Los informes de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad y de la misión de asistencia técnica de la OCDE y el FMI, solicitados en su momento por el ex Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, son el inicio de un trabajo en ese sentido, el que debe completarse con mejores datos lo antes posible.
  2. Aumentar la progresividad del sistema tributario: Para reducir la desigualdad, se requiere no sólo mejorar las políticas de gasto público, sino también un sistema impositivo más progresivo. La revisión de las actuales exenciones contribuirá a ese propósito, pero no es suficiente. Es primordial hacer una revisión profunda de la tributación a las propiedades, las herencias y los bienes de lujo, con foco en incrementar la recaudación proveniente de los contribuyentes de muy altos patrimonios. Adicionalmente, una opción a evaluar es rebajar los umbrales de los tramos más altos del impuesto a la renta, según han recomendado los organismos internacionales.
  3. Impuestos verdes y a sustancias dañinas: Nivelar hacia arriba también implica cuidar el medioambiente y la salud de las personas. El perjuicio causado por la contaminación y por las sustancias dañinas en nuestro país es escandaloso, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos. La aplicación de impuestos correctivos, además de ayudar a recaudar, se justifica para combatir externalidades, cumplir nuestros compromisos internacionales y competir globalmente.El consumo de combustibles fósiles tiene altos costos sociales en Chile, incluyendo por contaminación, congestión, deterioro de la infraestructura pública, accidentes viales y muertes prematuras. Se suman a ellos las amenazas que significan para nuestro país el calentamiento global y la vulnerabilidad de la capa de Ozono, razones por las que nuestro país se ha adherido a los acuerdos de París y de Montreal. En contraste, nuestros actuales impuestos a los combustibles y las emisiones de dióxido de carbono están entre los más bajos de la OCDE. Esto es especialmente marcado para el diésel, lo que ha contribuido a que el consumo per cápita de este combustible sea el más alto de América Latina, el doble del promedio de la región. Nuestra propuesta es acercar paulatinamente la tributación de los combustibles y las emisiones a sus niveles de eficiencia social.Desde el punto de vista de ayudar a proteger la salud de las personas es importante destacar que Chile presenta unas de las más altas prevalencias de obesidad y consumo de alcohol y tabaco en el mundo. Sufrimos muchas más muertes, enfermedades y violencia que lo que debiéramos. Además, pagamos un alto costo económico por ello, incluyendo una menor productividad laboral y mayores gastos médicos. Para recaudar promoviendo un país más sano, es necesario avanzar en gravar el consumo de las sustancias más perjudiciales, incluyendo alimentos con nutrientes especialmente dañinos, como el azúcar y la sal, y la nicotina añadida en cigarrillos electrónicos y vaporizadores. También se debe modificar el impuesto a las bebidas alcohólicas, desde un monto fijo por tipo de producto a uno que grave el contenido de alcohol, medido como gramo por litro de alcohol puro.
  4. Control de la evasión: El incumplimiento en el pago de impuestos es un obstáculo serio para el objetivo de nivelar la cancha: disminuye los recursos disponibles para las políticas públicas, es injusto con quienes sí cumplen, resta eficiencia a la economía y erosiona la moral y confianza ciudadana. Se debe fortalecer fuertemente la fiscalización y sanción efectiva del fraude y la evasión tributaria, de modo que sirva también de ejemplo para desalentar a evasores no detectados o potenciales. Para ellos se requerirá, entre otros, entregar más recursos al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduanas, con un foco especial en aumentar el uso de la tecnología y los sistemas de información. También es necesario revisar sus atribuciones para requerir determinada información. Por su parte, Tesorería General de la República debe modernizarse y ser efectiva cobrando las deudas de impuestos.

3.9.4 Alivio tributario para personas y pymes:

  1. Incorporar alivio tributario a la clase media y sectores vulnerables: El Impuesto al Valor Agregado es el mejor sistema recaudador que tenemos, pero también es regresivo. Las exenciones son ineficientes y desaconsejables ya que muchas veces se asignan en base a grupos de presión que no velan por el bienestar general. Nuestra propuesta considera una devolución de IVA, calculado sobre la canasta básica de alimentos y el promedio de gastos en medicamentos de usuarios de Fonasa. Esta podría llegar a más de la mitad de las familias chilenas y en la que un hogar de 4 personas recibiría una transferencia por $133.000 trimestral, considerando la información de precios y gastos actualizada a enero de 2021.
  2. Mejorar el sistema tributario para las pymes: Promover el emprendimiento, que amplía la competencia, aumenta la innovación y redistribuye ingresos, será uno de los pilares de nuestro gobierno. El actual régimen Pro Pyme aprobado en la Ley de Modernización Tributaria en febrero de 2020 busca incentivar la inversión, el capital de trabajo y la liquidez de las pymes, por lo que tiene esa orientación, pero deberá ser revisado y perfeccionado en la medida que se vaya acumulando experiencia. Es necesario desarrollar también otros mecanismos, como permitir reembolsar a las empresas cierto monto respecto del cual tendrían derecho a crédito tributario por actividades de I+D, en caso estén en situación de pérdida o no tengan impuesto suficiente contra el cual aplicar el beneficio tributario.

3.9.5 Priorizar NO aumentar impuestos a las empresas en general y en particular a las Pymes

Se priorizará NO aumentar los impuestos a las empresas en general, y muy en particular a las pymes, las cuales están desarrollando la economía y empujarán la reactivación. Más impuesto a las empresas puede lesionar seriamente la inversión afectando la recuperación y el crecimiento sostenido.

https://www.sumamosxsichel.cl/medios/2021/05/SICHEL-PRESIDENTE1-1280x720.png
Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube Linkedin
VOLUNTARIO DIGITAL