Programa de gobierno1. Que el Estado haga mejor la pega

1.1 UN ESTADO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

Diagnóstico

Aunque la modernización del Estado impulsada intermitentemente desde la década de 1990 ha permitido ampliar la gama de servicios y avanzar en ámbitos de transparencia, aún hay grandes espacios de necesaria mejora y de ciudadanización del Estado. De este modo, el imperativo de la hora presente es apurar el ritmo de modernización y transformación del Estado hacia uno que establezca crecientes espacios de cercanía con la población, de respuesta oportuna a las aspiraciones ciudadanas, de servicios que resuelvan necesidades, de trato digno al ciudadano, de transparentar espacios de opacidad, de impedir la captura de organismos públicos por grupos políticos y de interés, de desconcentración y descentralización del Estado.

PROPUESTAS

1.1.1. Duplicar el horario de atención de los servicios públicos.

Los horarios de los servicios públicos de atención a público no responden a las necesidades de nuestra población. Las personas deben pedir una mañana libre para hacer un trámite porque no existe otra opción, y los niveles de congestión y de filas son cada vez mayores. Si bien una parte fundamental del desafío se debe enfocar en digitalizar el aparato estatal para que las personas NO requieran asistir a las oficinas, siempre existirán trámites que deben realizarse en forma física, o nuestras personas mayores que en ocasiones se sienten más cómodas con la presencialidad. En los primeros 100 días de gobierno pondremos prioridad en la extensión de horario de servicios fundamentales para que aseguren una atención con horarios de mañana y tarde, por ejemplo: Registro Civil, Chile Atiende, Compin, Fonasa, Servicio de Impuestos Internos, Extranjería, Tesorería General, entre otros.

1.1.2. Una autoridad con rango ministerial y dedicación exclusiva liderará la Transformación del Estado

La finalidad es liderar y coordinar las actividades necesarias para generar un Estado más eficaz y eficiente, que entregue una mejor y más oportuna atención y servicios a la ciudadanía, en un proceso de mejora continua. Su función incluirá el control de gestión, evaluación y fijación de metas a favor de los ciudadanos en la gestión pública. Para ello deberá instaurar indicadores de desempeño de los organismos públicos en la atención a usuarios, lo que permitirá evaluar permanente el efecto directo del desempeño de éstos en el bienestar ciudadano y generar las mejoras que sean necesarias.

1.1.3. Reducir la cantidad de ministerios de los 24 actuales

El propósito es mejorar la gestión y eficiencia del gobierno, concentrando ministerios que realicen labores similares para que sean dirigidos por un ministro, como por ejemplo obras públicas y vivienda, gobierno con Segpres; o bien las instituciones que están bajo la dependencia de la primera dama dentro de su institución natural que sería el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Será la autoridad ministerial encargada de promover la Transformación del Estado quien deberá liderar la propuesta de diseño, la aprobación y la puesta en práctica de esta medida.

1.1.4. Integración de plataformas para una mayor y mejor Interoperabilidad de datos

Daremos extrema urgencia a los trabajos orientados a concretar una plataforma integrada de los servicios electrónicos del Estado, con los más altos niveles de ciber-seguridad. Ello con el doble objetivo de reducir la tramitación que deben realizar los ciudadanos ante los servicios públicos y, en el mismo sentido, que estos organismos dispongan de toda la información necesaria para responder oportunamente a las solicitudes ciudadanas.

1.1.5. Creación de la Defensoría del Ciudadano

Enviaremos un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear este órgano autónomo y establecer un Sistema Nacional de Defensoría Ciudadana. Todos los órganos que constituirán el Sistema Nacional de Defensoría Ciudadana deberán rendir cuentas de sus objetivos, acciones y resultados ante la ciudadanía y ante los poderes públicos, a través de los modos que se establezcan en la constitución y respectivas leyes.

Este será un órgano con autonomía constitucional, desconcentrado y descentralizado, dirigido por un Consejo plural, cuyo propósito y ámbito de acción será la defensa de los derechos ciudadanos frente a actos del Estado o frente a la inacción de éste. Estará encargado de velar por el respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos, pudiendo representarlos ante la administración del Estado y emitir opinión en las causas de interés general y de su competencia trabadas en tribunales. No implicará mayor gasto público, pues se integrará con unidades y personal proveniente de otras dependencias públicas que realizan tareas cercanas a las que tendrá este órgano.

1.1.6. Respuesta rápida a las solicitudes ciudadanas

Aún existiendo disposiciones de “silencio administrativo”, que favorecerían una rápida respuesta al ciudadano, el conjunto de requisitos y jurisprudencia de la Contraloría General de la República hacen que esta garantía ciudadana, en el hecho y en la generalidad de los casos, no se aplique. Con ello, las autoridades públicas no tienen plazo fatal para responder a la ciudadanía. Para hacer realidad esta garantía ciudadana, junto con establecer un sistema de atención digna y de calidad al ciudadano, revisaremos disposiciones de la Ley 19.880, sobre Procedimiento Administrativo, y otros cuerpos legales con el propósito de establecer plazos concretos y razonables para que los ciudadanos reciban la respuesta, servicio y/o atención que merecen.

1.1.7. Creación de la Agencia de Evaluación de Programas Públicos

Enviaremos un proyecto de ley al Congreso Nacional para la implementación de esta Agencia como organismo autónomo constitucional, la que considerará el diseño del Sistema Nacional de Evaluación de Programas Públicos. Constituiremos un sistema integrado y coherente de evaluación de programas públicos. Prestaremos especial atención a los programas que obtengan evaluaciones negativas. Tomaremos las decisiones necesarias para asegurar que los recursos públicos sean usados en acciones que mejoran el bienestar ciudadano, sean estas reformar esos programas, fusionarlos con otros o destinar esos recursos a intervenciones públicas que mejor favorezcan el bienestar de la población.

1.1.8. Desconcentración y descentralización del Estado

Daremos extrema urgencia a los estudios que permitan aplicar este principio a la gestión de gobierno y, con ello, avanzar y apurar los procesos de descentralización en marcha. Avanzaremos en la aplicación del principio de subsidiariedad competencial, de modo que los niveles subnacionales sean quienes tengan prioritariamente las competencias y recursos para dar respuesta a las aspiraciones ciudadanas en su ámbito de actuación. El propósito es atender más pronta, digna y eficientemente a los ciudadanos desde la estructura del Estado que está más cercana a la situación que afecta a las comunidades involucradas.

1.1.9. Un Estado más transparente

Se perfeccionarán normas sobre transparencia, de modo de mejorar el acceso ciudadano a la información pública. También se expandirá la cobertura de la ley 20.285 a todos los poderes públicos y organismos que hoy no están regidos por esa ley. Asimismo, se modificará el sistema de nombramiento de los Consejeros del Consejo para la Transparencia, dejando atrás el cuoteo político que lo caracteriza y evitando la captura de este organismo por parte de grupos de interés. Los Consejeros serán personas de probada competencia, trayectoria y solvencia en el tema.

El deber de transparencia de todos los organismos del Estado se extenderá a la comunicación de propósitos y objetivos que persiguen los órganos públicos –los que deberán estar inscritos en las plataformas de comunicación de ellos, ser conocidos y asumidos por sus integrantes–, a las acciones emprendidas para lograr esos objetivos y los resultados de esas acciones.
Además, buscaremos acelerar la tramitación de la nueva ley de protección de datos, actualmente en el Congreso, de modo que pueda ser aprobado prontamente.

1.1.10. Un Estado que de verdad rinda cuentas

La rendición de cuentas debe dejar de ser un acto formal sin consecuencias. Tanto los propósitos y objetivos permanentes, como las metas periódicas serán establecidos exógenamente al organismo público y serán comunicados públicamente de manera previa. Se formará un Consejo Ciudadano, con persona de altas calificaciones e idoneidad, que tendrá la misión de diseñar y efectuar el monitoreo al funcionamiento del Sistema de Rendición de Cuentas y proponer las mejoras que fueren necesarias.

1.1.11. Mejora de los gobiernos corporativos de la administración pública

Promoveremos el establecimiento de gobiernos corporativos en los organismos autónomos, de modo que no dependan de la voluntad de una sola persona, pueden recoger una pluralidad de visiones y sean capaces de responder a la voluntad ciudadana. La experiencia de órganos como el Banco Central y SERVEL, la extenderemos a a la Contraloría General de la República y el Ministerio Público con la finalidad de imprimir mayor efectividad a su gestión. Quienes se integren a estos gobiernos corporativos deberán ser personas con conocimientos y competencias en el ámbito de acción del organismo autónomo, trayectoria destacada y mérito profesional.

1.1.12. Separar la gestión profesional de la Administración Pública de la gestión política del gobierno

No sólo reduciremos en número de cargos políticos, sino que también estableceremos una estructura de funcionamiento en que las grandes decisiones de política se adopten en los niveles políticos y en la que la implementación de ellas estará a cargo de agencias públicas ágiles, des-burocratizadas, con pocos niveles jerárquicos, preferentemente de nivel subnacional, altamente profesionalizadas y meritocráticas. Ello permitirá apoyar y avanzar decididamente hacia una descentralización efectiva, donde las agencias implementadoras subnacionales se transformen en un efectivo y ágil instrumento de gestión de los gobernadores y gobiernos regionales, poniendo en práctica el principio de “subsidiariedad competencial”.

1.1.13. Acelerar la profesionalización de la Administración Pública

En ello pondremos un fuerte acento en el estricto cumplimiento de las normas éticas que rigen la actuación de los funcionarios públicos. Se priorizará la estabilidad de personas designadas en cargos a través del Sistema de la Alta Dirección Pública. Revisaremos el régimen jurídico para dar estabilidad al alto número de funcionarios a contrata y a honorarios. Estableceremos nombramientos plurianuales con pleno respeto a los derechos laborales de todo trabajador. Quienes tengan un cargo en propiedad lo mantendrán.

Avanzaremos en el diseño de sistemas que eviten el cuoteo, el patronazgo, clientelismo y el uso político de la administración. Seguiremos perfeccionando el Sistema de la Alta Dirección Pública, evitando también el cuoteo político en la designación de sus Consejeros.

1.1.14. Promover las Alianzas Público-Privadas

Favoreceremos el involucramiento de la sociedad civil en la implementación de soluciones a los problemas públicos. Mejoraremos las condiciones para que ONGs, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, empresas y otras organizaciones del tercer sector puedan contribuir en el proceso de mejora del bienestar ciudadano. También favoreceremos la organización de las comunidades, las capacitaremos y les facilitaremos el acceso a recursos profesionales, técnicos y tecnológicos para que puedan autogestionar la solución a sus problemas. Todo ello lo haremos en un marco de estrictas regulaciones y asegurando el cumplimiento de exigentes estándares éticos.

1.1.15. Tecnologías para un mejor Servicio al Ciudadano

Intensificaremos el uso de tecnologías de información y comunicaciones para generar una relación más amigable con el ciudadano, disminuir los tiempos de atención y otorgamiento de servicios, y reducir creciente y aceleradamente la burocracia que ahoga a los usuarios de los servicios del Estado. Asimismo, expandiremos la cobertura de internet y mejoraremos aceleradamente el acceso y conectividad de la población, especialmente en zonas aisladas del territorio nacional y en sectores de bajos ingresos. Reforzaremos el proceso de educación tecnológica a la población que no sabe cómo utilizar las nuevas tecnologías, principalmente adultos mayores.

1.1.16. Avanzar hacia un Estado Abierto

Promoveremos el acceso ciudadano a datos e información almacenada por los diversos organismos del Estado y estimularemos a ciudadanos y organismos de la sociedad civil a colaborar en la identificación, análisis, determinación y priorización de problemas públicos, y a construir soluciones más efectivas a ellos, que respondan a sentidas aspiraciones ciudadanas. De este modo, fomentaremos el involucramiento ciudadano en la gestión de los asuntos públicos, evitando que ello sea capturado por pequeños grupos de influencia, presión y/o interés. Buscaremos simplificar los datos entregados para que la gran mayoría de la ciudadanía los pueda leer e interpretar. Fomentaremos la participación ciudadana mediante consultas realizadas de manera directa “on-line” donde cada ciudadano con su clave única o con su carnet de identidad puedan emitir su opinión y preferencias.

1.2. SEGURIDAD PARA TODOS: UNA SOLA ESCUELA DE CARABINEROS Y NUEVA POLICÍA VIAL

Diagnóstico

La confianza en las instituciones de orden público es fundamental para el desarrollo de las democracias modernas. La existencia de un cuerpo policial eficaz, y un sistema judicial que respeta el “debido proceso” es clave para el funcionamiento del Estado de Derecho, responsabilidad que en Chile recae sobre policías nacionales, Poder Judicial, y Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2019) en el 23,3% de los hogares al menos un miembro ha sido víctima de algún tipo de delito, más de un tercio de la población general cree que será víctima (37%), y el 82% percibe que la delincuencia en el país ha aumentado (11% más que hace 10 años). A su vez, se indica que el 59.9% de hogares que han sido víctimas de hechos delictuales no realizan las denuncias pertinentes debido al funcionamiento policial o del sistema de justicia, siendo hoy la seguridad pública la principal preocupación de los chilenos (seguido por la pobreza y desigualdad social y; COVID – 19).

Especialmente luego del estallido social de octubre 2019 el sistema policial, judicial y de orden han enfrentado obstáculos adicionales que el actual modelo no está diseñado para resolver. Este nuevo escenario, caracterizado por una alta movilidad ciudadana, manifestaciones multitudinarias pacíficas, pero que sirven de excusa para grupos que buscan ejercer actos de violencia, y procedimientos de contención y detención policiales extraordinarios, plantea la necesidad de realizar una reforma sustancial al modelo de seguridad y paz social chileno. Según un estudio realizado por La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (octubre – noviembre 2019), se indica que en Chile han existido situaciones en las que fueron vulnerados los derechos fundamentales: “estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron de la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, violencia sexual y las detenciones arbitrarias”.

Estas situaciones han reforzado la falta de confianza ciudadana hacia las autoridades competentes en materia de seguridad.

Desde una perspectiva gubernamental hacer frente a este complejo escenario es un desafío atribuido al Ministerio del interior y Seguridad Pública. En la actualidad dicho organismo debe realizar labores políticas y de seguridad de forma simultánea, impidiendo una focalización oportuna de las necesidades que el nuevo contexto social requiere. Sus funciones de seguridad fueron modificadas mediante la ley nº 20.502, creando la Subsecretaria de Prevención del Delito (institución a cargo de las policías nacionales), y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), sumándose a las instituciones ministeriales ya dependientes: Dirección de Previsión de Carabineros, Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), Agencia Nacional de Inteligencia, Subsecretaria de Desarrollo regional y administrativo, y la Subsecretaria del Interior. Vale decir que quien esté a la cabeza de la cartera ministerial debe cumplir funciones como jefe del gabinete, además de ser el encargado del orden público.

PROPUESTAS

1.2.1. Crear un Ministerio de Seguridad y Orden Público

Separar las funciones políticas de las de seguridad nacional albergadas en el Ministerio del Interior, creando un nuevo Ministerio con el fin de poder contar con servicios más eficientes a la hora de realizar las funciones encomendadas por ley, haciendo frente a una creciente sensación de inseguridad predominante en la ciudadanía, y a los nuevos desafíos post estallido social, atribuyéndole funciones de orden público (i), coordinación de policías (ii) y estrategias de seguridad nacional (iii). Esta separación debe incluir rango ministerial con el fin de que las políticas de seguridad y orden estén alineadas con la agenda gubernamental.

Dicha iniciativa tiene como fin resolver la descoordinación de policías nacionales con estamentos gubernamentales, subsanando la falta de orientación real en términos de políticas públicas, permitiendo una planificación y supervisión que permitan una constante mejora a la hora de enfrentar nuevos desafíos, facilitando la transparencia institucional e impidiendo irregularidades administrativas.

1.2.2. Reestructuración de la agencia de inteligencia
  • Debe ser multidisciplinaria, proactiva e interactuar con la comunidad de inteligencia de la defensa.
  • Formar unidad experta en ciberseguridad con capacitación permanente y asesoría exterior.
    Además, asignar funciones a subsecretarías de:
  • DDHH: Abordará el rol de investigación de faltas de carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), entre otros.
  • Defensa: Coordinará el uso de recursos logísticos para específicos tipos de violencia, narcotráfico y crimen organizado.
1.2.3. Nueva estructura de policías nacionales y nuevas instituciones

Es necesario modificar la institución de Carabineros de Chile. Desde su creación en 1927 Carabineros de Chile ha realizado diversas funciones de seguridad, protección y orden que hoy requieren de una actualización con el fin de asegurar el cumplimiento de sus labores respetando el Estado de derecho, Derechos Humanos, y leyes de la República.

Para esto es necesario contar con una nueva estructura policial que incluya:

  1. Institución policial vial separada de Carabineros de Chile. Es necesario contar con una policía que promueva la seguridad vial, ejecutando las normas del tránsito de acuerdo a la ley vigente. La segmentación del cuerpo policial existente, permitiría la especialización y focalización en materias de orden y seguridad de las distintas ramas de ejercicio policial.
  2. Institución especializada en narcóticos y persecución del delito asociado al tráfico y micro tráfico de drogas. (Ver propuesta 1.3.)

Contar con una sola escuela de Carabineros. Es necesario dejar atrás la división actual que segmenta entre suboficiales y oficiales a los miembros de Carabineros de Chile, reestructurando años de estudios, formación, y carrera funcionaria. De esta manera se daría fin a las desigualdades de ingreso actuales de los escalafones existentes, suprimiendo los factores económicos que hoy determinan el ingreso a ESCAR (encargada de formar a los oficiales) en relación a la ESFOCAR (sus egresados ejercen como personal de planta de la institución y pueden ascender a sargento o suboficial).

1.2.4. Nuevo código penal, nuevos delitos y nuevos medios probatorios

Es necesario contar con un texto legal que permita solucionar aquellos elementos estructurales que generan graves falencias en el sistema judicial. Para esto es necesario reformular el código penal en aras de asegurar la igualdad de trato y, garantías individuales. Para esto se propone contar con el uso de nuevos medios probatorios para Fiscalía/Ministerio Público, facilitando las herramientas necesarias para su presentación, y la tipificación de delitos relacionados con el daño de la infraestructura pública, y desórdenes públicos, esto debe incluir los derechos y deberes ciudadanos, como a su vez policiales.

1.3 SEGURIDAD PARA TODOS: CREACIÓN DE UNA POLICÍA ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Diagnóstico

El último informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile 2020 (Fiscalía Nacional) que monitorea los sucesos de este fenómeno delictual en el país buscando identificar nuevas tendencias y amenazas, trabaja en conjunto con las investigaciones realizadas por la fiscalía contrastada con la información de la Armada, Carabineros de Chile, PDI, Aduanas y el ISP. En 2015 fue el primer informe que evidenció el aumento del tráfico marítimo en los puertos del país; en 2016 registró importantes cifras en el tráfico barrial; en 2017 advirtió de la masiva llegada de la marihuana Creppy, éxtasis y cocaína desde Colombia y en 2018 develó la existencia del delivery de drogas por medio del sistema de mensajería de texto.

Además, el estudio alerta sobre un significativo incremento de la violencia en el tráfico de drogas, asociado a un mayor poder de fuego de las organizaciones criminales, el surgimiento de laboratorios de producción locales, y el aumento del tráfico marítimo a través de los puertos locales.

El Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público de Chile asegura que hoy el fenómeno se ha expandido por todo el territorio nacional, afectando a numerosas poblaciones y asolando espacios públicos que antes no se habían visto afectados jamás. Se ha vuelto común en las redes sociales, exhibir vídeos de poblaciones donde lanzan fuegos artificiales en medio de ráfagas de armas automáticas, que los vecinos atribuyen a la llegada de un cargamento de droga, o la muerte de un integrante de alguna organización dominante en la población, o el cumpleaños de un jefe relevante de una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

PROPUESTAS

Se propone generar una estrategia similar a la de otros países que se han convertido en centros de microtráfico creando una estrategia policial especializada, como ocurrió con la creación de la DEA en Estados Unidos, destinada al control de drogas y enfrentar el narcotráfico. Este sería el caso de la Policía Especializada en Tráfico (PET), en Chile, que buscaría organizar y coordinar a través de una sola agencia la intervención en el territorio.

1.3.1. Crear una Policía Especializada en Tráfico
  1. Juntar 3 instituciones actuales: Jefatura Nacional Antinarcóticos y la subdirección de Inteligencia del Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, ambas dependientes de la PDI; y el OS7 de Carabineros.
  2. Armar una escuela de formación especializada: con al menos 5 años de capacitación y preparación.
  3. Autonomía presupuestaria para la PET.
  4. Mejorar y aumentar las herramientas tecnológicas: para investigar los delitos y controlar el flujo de dinero ilegal.
  5. Entregar vía ley herramientas especializadas: para el uso estrategias de intervención y persecución del delito organizado.
  6. Generar la capacidad de ascenso, remuneración y rotación en territorio: necesario para que evitar riesgos de captura u otros que viven actualmente carabineros.
1.3.2. La propuesta requiere de una estrategia multisectorial con 3 pilares base
  1. Decisiones institucionales que mejoren la acción, en general, de las policías y carabineros en Chile.
  2. Aumento de las sanciones y la imposibilidad de obtener beneficios a aquellos que han sido condenados por drogas.
  3. Estrategia respecto a no penalizar el consumo de manera de incentivar las denuncias, y un refuerzo sustancial del Estado de protección y rehabilitación de aquellos que han caído en adicciones por culpa del micro tráfico.

1.4 PARLAMENTARIOS AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

Diagnóstico

Nuestros parlamentarios tienen grandes desafíos. Distintas mediciones sitúan la confianza que los ciudadanos depositan en el Congreso Nacional en niveles bajísimos (alrededor de 5% según la CEP). A esto se suma que durante el último tiempo, se ha generado un debate sobre el monto de las dietas parlamentarias en relación con los niveles de sueldos en el país y de otras actividades equivalentes, lo cual ha dejado de manifiesto que los números han superado los criterios que deberían seguirse, lo cual genera aún más desconexión con la ciudadanía.

PROPUESTAS

1.4.1. Disminución de dieta parlamentaria

Actualmente las dietas están en alrededor de 9 mm al mes.

  • Nuestra propuesta es que se tome la decisión de bajarla considerando el promedio de países de la OCDE de similar desarrollo que Chile. Ello implica que la dieta parlamentaria debería establecerse en $4.878.328. Disminución de cerca 48%.
  • Asimismo, se propone establecer una vinculación entre asistencia a las sesiones y remuneración, igual que todos los trabajadores del país. Después de un margen aceptable de inasistencias se comienza a disminuir el monto de la dieta.
1.4.2 Límite y disminución de asignaciones de parlamentarios

Además de la dieta, los parlamentarios reciben mensualmente recursos para, por ejemplo, contratar funcionarios, asesores o arrendar oficinas. Actualmente las dietas están en alrededor de 20 mm al mes para los senadores y 11 mm al mes para los diputados.

Nuestra propuesta es que se tome la decisión de bajarlas considerando las asignaciones según países OCDE de similar desarrollo que Chile: $5.414.944. Disminución de 73% en el caso de los senadores y de 50% en el caso de los diputados.

1.4.3 Prohibición por Ley de la contratación de familiares

Hasta segundo grado consanguíneo en el poder ejecutivo salvo ADP o concurso público. De manera que la relación de parentesco no sea determinante en la contratación de muchos familiares de parlamentarios que hoy ocurre en el Estado.

1.4.4 Disminución de diputados a 120, actualmente son 155

Hasta segundo grado consanguíneo en el poder ejecutivo salvo ADP o concurso público. De manera que la relación de parentesco no sea determinante en la contratación de muchos familiares de parlamentarios que hoy ocurre en el Estado.

1.5 CHILE DENTRO DEL MUNDO

Diagnóstico

El mundo atraviesa momentos complejos y, más allá de la pandemia y sus efectos, nos encontramos en transición hacia una nueva arquitectura internacional. Mientras Estados Unidos pierde poder, China y otras potencias cobran mayor preeminencia y, al menos por un tiempo, nos encontraremos en un sistema multipolar, con 2 países primus inter pares.

El reacomodo global en función del nuevo peso relativo de los principales estados, no estará exento de riesgos y amenazas en la búsqueda de un nuevo equilibrio.

En este escenario más incierto y con una estructura multilateral que ha cedido espacio al poder e influencia de las principales potencias, urge repensar y adaptar nuestra política exterior para promover y resguardar nuestro interés nacional.

PROPUESTAS

Nuestra política exterior debe combinar flexibilidad y pragmatismo, con la preservación de las constantes de nuestra política exterior histórica, lo que necesariamente debe pasar por un ejercicio de consulta y discusión en distintas instancias: partidos políticos, congreso, regiones, academia, sociedad civil, FFAA y empresarios, entre los principales, para definir un plan de acción en materia de política exterior para los próximos años. Creemos que las condiciones internas y externas han cambiado, y que se ha roto el consenso en numerosas materias, lo que requiere impulsar un amplio ejercicio como el mencionado.

Potenciaremos los siguientes ejes:

1.5.1.1 Regionalismo y multilateralismo

Considerando que la institucionalidad multilateral está debilitada y está mutando hacia nuevas formas, será muy relevante priorizar nuestra participación y apoyo a las instancias en las cuales se protejan y proyecten mejor nuestros objetivos. Chile siendo un estado de tamaño medio y poca población, debe promover la acción multilateral como la forma más eficaz para aquello.

Desde el punto de vista geográfico, sin duda que la concertación hemisférica, de América Latina y, de manera más acotada, de América del Sur, es una prioridad. En la actual coyuntura, nuestra región ha actuado de modo muy atomizado y ha perdido influencia en el mundo. Urge una mayor colaboración y coordinación para enfrentar más unidos los múltiples desafíos. En esa línea se priorizará instancias ya existentes como la Organización de Estados Americanos, CELAC y PROSUR. También es imprescindible incrementar el comercio y la inversión intrarregional, fomentando cadenas productivas y mayor valor agregado a nuestras exportaciones. En este punto La Alianza del Pacífico en coordinación con el MERCOSUR deben ser las plataformas preferentes para este objetivo.

1.5.2.1 Persona y DDHH

Las personas y sus derechos deben estar en el centro de nuestra política exterior. Por eso la agenda de DDHH y la promoción de la democracia será fundamental, así como las acciones que promuevan el desarrollo y la seguridad de las personas.

1.5.2.2 Medio ambiente

Chile se encuentra entre los países más afectados por el cambio climático en curso, de ahí que es de vital importancia avanzar en la concertación multilateral, especialmente en el marco del Acuerdo de París, para mitigar los efectos del calentamiento global. Para ello debemos asumir el liderazgo en materia de protección ambiental doméstica.

1.5.2.3 Seguridad

En un mundo más inestable e impredecible, la seguridad en sus diversas dimensiones: alimentaria, sanitaria, interna y externa, cobra gran relevancia y se deben construir y mantener alianzas y mecanismos de cooperación. Especial prioridad cobra la lucha contra el crimen organizado que se ha convertido en una de las principales amenazas para la paz y la democracia en Latinoamérica.

1.5.2.4 Comercio e inversiones

Nuestro país tiene una alta exposición al comercio exterior y a la inversión extranjera como motor de nuestro desarrollo. Debemos mantener y complementar la amplia red de acuerdos que tenemos en la materia, propendiendo al aumento de valor en nuestra oferta exportable y la integración a cadenas regionales y globales de valor.

También tenemos que generar las condiciones para que seamos una gran plataforma de servicios y logística para el comercio del Cono Sur con el Asia Pacífico.

1.5.2.5 Cooperación

Buscaremos profundizar la cooperación, fundamentalmente en nuestra región, tanto para acercar a nuestros pueblos, como para contribuir a los objetivos del milenio.

1.6 QUE LA SALUD PONGA A LAS PERSONAS EN EL CENTRO

Diagnóstico

Todos los habitantes del país deben tener el derecho a una salud de calidad, digna y garantizada como un derecho. Desde hace décadas la ciudadanía viene demandando un mayor respaldo del Estado y que los servicios y prestaciones sean para todos, independiente del nivel socioeconómico y condiciones de salud. Desde hace 40 años no se ha tomado la urgente decisión de hacer una reforma profunda al sistema de salud en todos sus niveles.

Las personas se sienten abandonadas cuando se enferman, pues no hay una sociedad que las respalde, y el esquema de seguros, desintegrado entre Fonasa e Isapres, no es capaz de dar las garantías necesarias para que toda la población, sin excepción, acceda a servicios de calidad y oportunos.

El 40% de los usuarios de Fonasa e Isapres no siente confianza en que podrá pagar sus tratamientos y el 22% manifiesta estar preocupado de no poder recibir atención en tiempo oportuno. Más de la mitad (52%) de los pacientes ha llegado a esperar más de 3 meses por recibir atención, sobre todo en Fonasa donde escasean las horas y especialistas. Mientras tanto, las personas en Isapres sufren la baja en la cobertura de servicios y la constante alza de primas, que funciona como forma de exclusión de las personas que más necesitan de los servicios, es decir, los adultos mayores, mujeres y personas con enfermedades crónicas.

Es insostenible que el acceso a la salud dependa del gasto de bolsillo de las personas, siendo nuestro país el cuarto de la OCDE donde las personas más gastan para cubrir el acceso a prestaciones de salud. Es más, un tercio del gasto de bolsillo es por medicamentos, que no son cubiertos en los planes de salud.

PROPUESTAS

1.6.1.1 Plan Universal de Salud

Toda la población accederá a un mismo plan de salud, que será amplio en servicios, de calidad y cubrirá las necesidades esenciales acordadas por la sociedad. Este plan debe ser ofrecido obligatoriamente por todas las aseguradoras. Esto facilitará que todos los habitantes accedan a un mismo paquete de servicios, sin importar sus ingresos ni condiciones de salud.

La prima de este plan no discriminará a personas según su riesgo, por lo que será un precio fijo para todos los beneficiarios de una misma aseguradora. Esto pone fin a la discriminación arbitraria de precios.

Este plan incluirá a los medicamentos ambulatorios, por lo que las personas no tendrán que desembolsar nunca más grandes sumas de dinero para poder obtenerlos.

1.6.1.2 Fondo de compensación por riesgos entre Isapres y Fonasa

Las cotizaciones de las personas se sumarán al aporte fiscal del Estado para redistribuir esos recursos entre las aseguradoras, tomando en cuenta el perfil de riesgo de su cartera de beneficiarios. Aquellas que afilian a personas con mayor carga de enfermedad recibirán más recursos, por lo que tendrán el incentivo a dar el mejor cuidado a sus beneficiarios, poniendo a la persona en el centro.

1.6.1.3 Libertad de afiliación sin posibilidad de exclusión

Las personas podrán elegir a que aseguradora quieren afiliarse, sin posibilidad de ser rechazados o excluidos por ellas. Se erradicarán prácticas como la selección por riesgos, el alza arbitraria de primas, la cautividad de los usuarios y la exclusión según preexistencias.

Las personas podrán cambiarse de aseguradora en ciertos periodos del año, por lo que Fonasa e Isapres tendrán el incentivo de dar la mejor atención y servicios a sus beneficiarios, ante la posibilidad de que estos decidan optar por otra aseguradora.

1.6.1.4 Fortalecimiento de Fonasa

Los aseguradores, incluyendo a Fonasa, deberán cumplir con estándares legales, de transparencia, calidad y financieros, además de los relativos con la libre elección de las personas, normas sobre plan de salud universal y financiamiento de este. Las Isapres que quieran participar de este nuevo arreglo social deberán adaptarse y transformarse en entidades de la seguridad social. Por su parte, Fonasa debe ser independiente del Minsal y enfocarse en financiar el plan de salud universal a su población, con los estándares definidos. Esto implica darle más atribuciones para relacionarse con prestadores, por medio de un consejo directivo electo según criterios técnicos, encargado de elegir, evaluar y remover al director ejecutivo de Fonasa.

1.6.1.5 Fortalecimiento del rol regulador del Estado

Esto se logra mediante la separación de funciones en salud. En primer lugar, el Ministerio de Salud asume el rol de generar las políticas, metas sanitarias y objetivos epidemiológicos de largo plazo, así como evaluar y exigir a las aseguradoras el cumplimiento de las reglas legales y financieras de participación.

En segundo lugar, el Estado asumirá el rol de regulador del sistema, de manera que se asegure la entrega del plan de salud universal y la prevención y promoción de la salud de la población. Para ello, el rol prestador deja de estar a cargo del Minsal (por medio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales) y pasa a una nueva entidad estatal técnica, encargada de elegir, remover y evaluar a directores de prestadores estatales y Servicios de Salud. Además, se propone reformar la estructura del gobierno corporativo de estos, los cuales también contarán con un director ejecutivo, evaluado por un directorio que funciona independiente del ciclo político y en base a indicadores de desempeño que evalúen el nivel de atención a los usuarios. El rol asegurador queda en Fonasa, quien también se fortalece con mayores atribuciones y una mejor gobernanza, cómo se menciona anteriormente.

Por último, el rol fiscalizador, permanece y se refuerza en la Superintendencia de Salud, mediante la equiparación de atribuciones para fiscalizar a todos los aseguradores. Además, dará veredictos cuando entre aseguradoras y/o proveedores haya disputas por el cumplimiento del contrato entre ellos. Aplica sanciones ante incumplimientos. Esta institución debe gozar de mayor independencia con respecto al Estado.

1.6.2.1 Apoyo y seguimiento de los casos de violencia de género o intrafamiliar para aquellas mujeres que conviven con su agresor

Se propone mejorar la atención del número 1455, asegurando que el Estado sea quien esté a cargo de la capacitación y apoyo psicológico necesario para quienes atienden la línea.

1.6.2.2 Mejora y adaptación de condiciones laborales

Se propone mejorar la atención del número 1455, asegurando que el Estado sea quien esté a cargo de la capacitación y apoyo psicológico necesario para quienes atienden la línea.

1.6.2.3 Salud mental en todas partes y ampliación de la red de apoyo psicológico

Generar una red de atención psicológica -con especial urgencia por la pandemia- e incluirla en el GES de manera de asegurar su cobertura. Se proyecta su prolongación en correlato con un aumento en el presupuesto destinado a salud mental, para que el plan continúe como una prioridad del Estado.

1.7 MÁS CULTURA PARA TODOS Y EN TODO EL PAÍS

Diagnóstico

Las artes y la cultura no pueden ser un privilegio, sino que tenemos que ir avanzando en un acceso universal a ello. Por dos razones: La primera, porque nos permiten a todos ser parte de una comunidad y generar valores comunes en una sociedad diversa; y, segundo, porque es un tremendo motor de crecimiento y desarrollo para el país a través de las industrias creativas y la economía naranja. Sin acceso a la cultura y sin industrias culturales vivas, lo que tenemos finalmente es una sociedad menos sana, pero sobre todo renunciamos a un desarrollo integral para el país.

La prioridad es honrar el trabajo de quienes dan vida a las actividades culturales y artísticas, generando herramientas efectivas que permitan la sustentabilidad de sus oficios, incentivar el consumo cultural por medio de la educación desde la infancia, y dar acceso a las artes y cultura a todas y todos los chilenos.

PROPUESTAS

1.7.1 Educación Creativa

Nuestro foco es potenciar la educación artística y con ello la creatividad y el emprendimiento. Para ello, se buscará fortalecer la asignatura de educación artística en la malla curricular de cada colegio y nivel educacional (básica y media), integrándose e incentivando sus valores positivos en los estudiantes con foco en la creatividad.

1.7.2. Industrias Creativas (Economía Naranja)

Debemos generar una “economía de la cultura” y adoptar políticas públicas que fomenten el desarrollo para las artes y la creatividad. Lograr el desarrollo de una “Economía Naranja”, con el objetivo de fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas nacionales, otorgándoles mayor relevancia en la economía nacional, generando bienes y servicios capaces de producir beneficios sociales y económicos. Incluye: mejorar los mecanismos de financiamiento, de manera que los emprendedores culturales y creativos puedan contar con créditos blandos y de largo plazo; promover el capital semilla o crowdfunding para los emprendimientos que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo; tender puentes con el sector privado, generando vínculos entre apoyo social y rentabilidad; potenciar el sello “hecho en Chile”, con el objetivo de promover la marca, raíces e identidad cultural de Chile; actualizar el mapeo nacional para la generación de redes colaborativas, y así lograr un círculo virtuoso entre todos los agentes culturales.

1.7.3. Protección a nuestras y nuestros trabajadores de las artes y cultura

Fomentar la creación de una unidad social de protección a los artistas. Incluye: unidad dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para acercar el apoyo social del Gobierno a los artistas y agentes culturales; unidad de Protección Social Artística, mesa permanente de trabajo entre el Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Desarrollo Social para ajustar las condiciones de cobertura que tienen las personas ligadas a las artes y cultura, buscando que se consideren las particularidades del sector cultural y creativo, a fin de fortalecer su protección social a través de los beneficios del Estado.

1.7.4. Llegar gradualmente a un gasto para apoyar la cultura y las artes de 1% del presupuesto
1.7.5. Desarrollar y fortalecer diversos programas de incentivos

Se propone armar un paquete de medidas que apunten al fortalecimiento del sector creativo para convertir a Chile en punta de lanza (creativa) en Latinoamérica. Se proponen medidas en tres aspectos fundamentales: atraer inversiones extranjeras; apoyo a empresas del sector creativo, apuntando a ayudar a la consolidación y crecimiento del sector creativo y mejorar las condiciones para el emprendimiento y la sostenibilidad del sector; incentivo a las donaciones, avanzando en una “ley corta” que permita hacer ajustes intermedios al sistema de donaciones, así como promover una nueva Ley General de Donaciones.

1.7.6. Fortalecimientos a las instituciones por medio de la descentralización

Se busca fortalecer a las instituciones regionales por medio de la descentralización. Incluye: fortalecer a las instituciones intermediadoras con representación en el territorio. Esto, en el entendido que la mejor forma de descentralizar el país y fortalecer la cultura con pertinencia territorial, hay que dar más apoyo de forma permanente a estas instituciones. Se propone Ajustar el “Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras” permitiendo una mejor distribución de recursos para la implementación de programas culturales -creación, mediación- que permita también, el intercambio de experiencias entre agencias culturales.

1.7.7. Poblar de arte el espacio público

Se busca que cada chileno y chilena viva el arte en cada rincón del país, a través un programa de intervención artística en espacios públicos en Comunas Vulnerables.

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